Hemos protestado por debajo de nuestras posibilidades

Artículo publicado en Diario de Alcalá el 17 de Enero de 2013

Antes, no ahora. A la vista están las más de 36.000 manifestaciones celebradas en España, entre legales e ilegales (por la obligación de informar a la Delegación del Gobierno). Esto supone que cerca de 100 concentraciones diarias bloqueaban las calles de nuestras ciudades, con especial perjuicio para Madrid y sus habitantes, metro incluido.

La acuciante necesidad de una ley de huelga que regule este derecho constitucional se percibe en estos días de recortes y piquetes, pero ya han pasado muchos años desde que existiera la obligación de legislar convenientemente dicha patata caliente. Esta necesidad actual choca con la ausencia total de relevancia de sindicatos durante los años del boom inmobiliario y tardosocialismo zapateril, bien por ausencia de recortes, bien por incremento de las subvenciones a dirigentes panyaguados.

Esto, no cabe duda, ha limado la credibilidad de una casta sindicalista que nada hizo por frenar desmanes que se producían en los ejecutivos de cada nivel de la Administración, y que sólo protestaba contra el Gobierno de Esperanza Aguirre. Porque resulta incomprensible la marea blanca en la Comunidad de Madrid por la posibilidad de externalizar los servicios médicos en 6 hospitales, cuando es Andalucía, Comunidad que no ha visto gobernar a otro partido que no fuera de izquierda o de extrema izquierda, la que cuenta con sólo un tercio de hospitales íntegramente públicos, y por el contrario son 17 los hospitales que cuentan con formas de gestión similares a las que Tomás Gómez denomina como “agresión a la sanidad” del PP.

Parece por tanto que los sindicalistas sólo tienen trabajo en Madrid, o donde gobierna el PP, y que su actitud es susceptible de ser declarada como competencia desleal al imponer protestas desiguales ante recortes equivalentes, según el color que sea.

Este no es otro más de los desmanes generados por la sociedad en su conjunto, ya que los sindicatos tenían que haber ejercido control en todo momento. No sólo los sindicatos, todos tuvimos que haber levantado la voz cuando los 400€ eran un regalo del IRPF, o cuando se gestaban déficits públicos como churros. Los sueldos elevados de algunos políticos no han nacido con la crisis, tampoco la corrupción, y desde luego que tampoco nació el déficit público que ahora tenemos que sufragar con una caída de la recaudación. No ayudan noticias de tratos off the record entre fiscales y partidos políticos que, aunque legales, más recuerdan al estraperlo que a una justicia que trata igual a un ciudadano con una hipoteca impagada que a un político catalán que consiente la financiación ilegal de su partido.

Hemos de extirpar la lacra dentro de los partidos políticos y sindicatos de nuestro país con precisión de cirujano, pero con firmeza e intolerancia ante determinados comportamientos. Siempre desde luego respetando a las personas, porque tan mal está cubrir la espalda de un político corrupto como apalear a otro por sospechas o una imputación sin respetar ningún tipo de garantía procesal o presunción de inocencia. Que luego las disculpas, si llegan, sirven de poco. 

Todo ello pasa por la renovación de todos los partidos políticos, que desde sus perspectivas ideológicas han de mostrar tanto nuevas caras como ideas, porque esa es la verdadera regeneración democrática, y no las que nuevos partidos sin ideología definida dicen defender, cuando su lideresa ya suma 34 primaveras sentada en un “sillón público”.

Las medidas deben ser concretas, serias y útiles a un plazo medio sin que sean tan relevantes éstas o aquellas elecciones. No tenemos tiempo, dinero, ni ganas de aguantar las meras declaraciones de intenciones baratas y populistas que suponen algunas medidas utópicas y poco realistas de determinadas formaciones políticas de cara a obtener una cuota de pantalla o de protagonismo que los electores no les han otorgado. Y esto es trabajo de todos.