Que trabajen los niños

Artículo publicado el 4 de julio de 2013

No soy un experto en educación, ni pretendo serlo, pero sí que me han generado una serie de opiniones los 20 años que llevo haciendo uso del sistema educativo y sobre todo las reacciones mostradas ante la reciente ley educativa creada por el Ministro José Ignacio Wert.

La situación en la escuela pública española es la que es, con tasas de fracaso escolar que doblan la media de nuestros vecinos de la OCDE al mismo tiempo que somos los séptimos que más gastamos en esta materia, y a lo que hay que añadir dos hechos que a priori deberían parecer contradictorios: somos el país de Europa con más licenciados de menos de 30 años, y a la vez la que cuenta con más paro juvenil (en torno al 55%). Aunque naturalmente afecten a esta descorazonadora cifra otros aspectos como la inflexibilidad de nuestro mercado laboral, digo yo que algo estaremos haciendo mal cuando estamos de esta guisa.

Nuestro sistema ha tenido en los últimos años dos características básicas: todo el mundo puede estudiar en la universidad desde un punto de vista tanto intelectual como económico; si no estudias en la universidad, y como todo el mundo puede hacerlo, está mal visto.

La devaluación de nuestro sistema de formación profesional  viene de lejos, pero debemos plantearnos que el incremento de la calidad educativa no pasa por que nuestro maître sea licenciado en Derecho, sino que todo aquel que salga de nuestras escuelas sea un estupendo profesional; sea psicólogo, maître, ingeniero o electricista, y así le sea reconocido por el resto de la sociedad. Este es el camino para incrementar nuestra competitividad, y en ello se basa el éxito económico alemán donde se fabrican productos que exigen una mano de obra muy cualificada que merece la pena exportar y cuya producción no puede ser deslocalizada en países con salarios más bajos.

La educación dual en la FP funciona desde hace tiempo en Alemania y ha sido introducida recientemente en España. Este sistema implica la colaboración entre la escuela pública, donde los alumnos estudian, y la empresa privada, donde a la vez efectúan prácticas remuneradas y que suponen una gran oportunidad para ser “fichados” por sus jefes al ver cómo trabajan.

Las leyes vigentes en España (LOGSE y LOE), todas del PSOE, han introducido un extraño criterio de tolerancia hacia el fracaso que ha derivado en una enorme reducción de los niveles de exigencia en nuestras aulas. Debemos exigir un mayor nivel de esfuerzo a nuestros estudiantes. 

La élite en los estudios superiores debe ser intelectual, pero sólo intelectual. Jamás debe ser determinante el poder adquisitivo para poder acceder a una formación de calidad. El proyecto de ley de Wert parte de una legislación socialista, pero aplica elementos de control para identificar el fracaso escolar de forma prematura, reduce la influencia de los nacionalismos en la educación garantizando la enseñanza en ambas lenguas y sí, hace una educación más exigente para alumnos y educadores fomentando la competitividad.

Las becas deben existir, y funcionar bien. La igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad es un elemento básico para un Estado de Bienestar, pero eso no es óbice para exigir más a nuestros estudiantes, y basar nuestras decisiones en los méritos y capacidades del individuo, no en las necesidades del rebaño. Estoy a favor de exigir algo más que un cinco a estudiantes que pueden sacar más partido a su educación, la cual gustosamente sufraga el resto del país con elevados impuestos. El 6’5 es insuficiente como criterio dado que existen notables diferencias de dificultad entre carreras e incluso universidades, y sería conveniente establecer un punto de referencia real que debería basarse en las notas del año anterior (en vez del 6’5, el percentil 65 de la distribución de notas). A partir de esta referencia me comentó el Director de un importante instituto público de la ciudad una idea que me pareció estupenda. Las becas actualmente dependen de la renta del principal perceptor, y a partir de ese umbral no puedes optar a una beca, pero él proponía que dependiendo de la nota del alumno, ese umbral de renta pudiera variar, de modo que un alumno excelente con renta media pudiera optar a una beca, y el de renta baja que no se esfuerza lo suficiente no obtuviera sin ese esfuerzo una beca de miles de euros. Me gustaría ver la motivación de un estudiante al principio de curso si sabe que puede cooperar con su esfuerzo y trabajo a la economía familiar.

Adicionalmente, existe el problema de que en España hay personas que no sólo defraudan a hacienda, sino que además piden becas que no necesitan dejando sin ellas a otros que sí, o se las merecen más. Pero esa es otra guerra

Tras todo lo dicho me gustaría quedarme con que la actual reforma exige más a todos y eso es algo que, aunque guste más o menos, necesitábamos en nuestro devaluado sistema educativo, y que el sistema de becas también puede ser una herramienta para garantizar esfuerzos más allá del libre acceso a la educación pública. 

Operación bikini en España

Artículo publicado el 27 de junio de 2013 en Diario de Alcalá

Si quieres adelgazar puedes hacer diferentes dietas. Bien la que venga en el semanario del corazón, con nombres de frutas o verduras que suenen a verde tipo dieta del limón o del aguacate, o bien te puedes acercar al endocrino y que como buen profesional te estructure una dieta que no juegue con tu salud. Que está la vida muy mala.

Esto es lo que hay que hacer para muchas otras cosas, pero de lo que quiero hablar es de la reforma de la Administración anunciada tras el pasado Consejo de Ministros por Soraya Sáenz de Santamaría. Ella, muy buena conocedora de la Administración por su condición de Abogada del Estado, ha sido siempre consciente de que esta reforma se tenía que hacer por la vía del endocrino para eliminar la mayor cantidad de tejido adiposo de nuestra administración, materializado en empresas públicas inútiles y duplicidades que mantienen un nivel de impuestos que ahogan al ciudadano, y a su vez mantener el músculo de ésta para evitar efectos secundarios de una dieta mal hecha.

No olvidemos que la Administración supone la mayor “empresa” de este país con 2’7 millones de trabajadores. Si Iberia y British Airways han acabado como el rosario de la aurora con sus sindicatos por fusionarse, no deja de ser enorme la dificultad de hacer una ambiciosa reestructuración en una organización de estas dimensiones que no ha hecho más que crecer en la historia de la democracia, y para ello se necesita calma y buena letra.

Por lo general tengo que decir que, más allá del manido debate de las duplicidades y del más que necesario ahorro directo cifrado en 6.500 millones, la reforma toca palos francamente necesarios para que una sociedad avance. Y es que una Administración no puede subsistir con formularios y ventanillas cuando las pequeñas empresas hacen un terrible esfuerzo adaptándose al siglo XXI con tiendas on-line para exportar su producto a un cliente en Toronto. Las nuevas tecnologías como eje principal de la reforma facilitarán gestiones y acortarán los plazos de las mismas en una organización que no sólo por su tamaño es inflexible. La movilidad de los funcionarios tiene que convertirse en una realidad, así como una central de compras que aprovechen economías de escala para suministros. Pero posiblemente, mi favorita, sea el esfuerzo que va a hacer el Gobierno en refundir leyes para hacer el ordenamiento jurídico un poquito más sencillo, ese mismo que ahora se compone por multitud de leyes, reglamentos, decretos y disposiciones transitorias que llenan miles de hojas de Boletines oficiales del Estado y de Comunidades Autónomas, y que hacen inabarcable su estudio, no ya para el ciudadano sino también para el experto.

Más allá de aspectos técnicos que sin duda facilitarán el funcionamiento de todos los campos en los que interviene la Administración, lo que de verdad llega es el respeto hacia el contribuyente que se ha visto obligado a apretarse el cinturón asumiendo recortes y subidas impositivas mientras veía cómo una Administración ineficiente tenía margen para ahorrar esos euros que cada uno alargaríamos infinitamente más en nuestros hogares y negocios. Ahora se aprieta el cinturón la Administración, como cualquier empresa en crisis, como cualquier hijo de vecino.

Hemos protestado por debajo de nuestras posibilidades

Artículo publicado en Diario de Alcalá el 17 de Enero de 2013

Antes, no ahora. A la vista están las más de 36.000 manifestaciones celebradas en España, entre legales e ilegales (por la obligación de informar a la Delegación del Gobierno). Esto supone que cerca de 100 concentraciones diarias bloqueaban las calles de nuestras ciudades, con especial perjuicio para Madrid y sus habitantes, metro incluido.

La acuciante necesidad de una ley de huelga que regule este derecho constitucional se percibe en estos días de recortes y piquetes, pero ya han pasado muchos años desde que existiera la obligación de legislar convenientemente dicha patata caliente. Esta necesidad actual choca con la ausencia total de relevancia de sindicatos durante los años del boom inmobiliario y tardosocialismo zapateril, bien por ausencia de recortes, bien por incremento de las subvenciones a dirigentes panyaguados.

Esto, no cabe duda, ha limado la credibilidad de una casta sindicalista que nada hizo por frenar desmanes que se producían en los ejecutivos de cada nivel de la Administración, y que sólo protestaba contra el Gobierno de Esperanza Aguirre. Porque resulta incomprensible la marea blanca en la Comunidad de Madrid por la posibilidad de externalizar los servicios médicos en 6 hospitales, cuando es Andalucía, Comunidad que no ha visto gobernar a otro partido que no fuera de izquierda o de extrema izquierda, la que cuenta con sólo un tercio de hospitales íntegramente públicos, y por el contrario son 17 los hospitales que cuentan con formas de gestión similares a las que Tomás Gómez denomina como “agresión a la sanidad” del PP.

Parece por tanto que los sindicalistas sólo tienen trabajo en Madrid, o donde gobierna el PP, y que su actitud es susceptible de ser declarada como competencia desleal al imponer protestas desiguales ante recortes equivalentes, según el color que sea.

Este no es otro más de los desmanes generados por la sociedad en su conjunto, ya que los sindicatos tenían que haber ejercido control en todo momento. No sólo los sindicatos, todos tuvimos que haber levantado la voz cuando los 400€ eran un regalo del IRPF, o cuando se gestaban déficits públicos como churros. Los sueldos elevados de algunos políticos no han nacido con la crisis, tampoco la corrupción, y desde luego que tampoco nació el déficit público que ahora tenemos que sufragar con una caída de la recaudación. No ayudan noticias de tratos off the record entre fiscales y partidos políticos que, aunque legales, más recuerdan al estraperlo que a una justicia que trata igual a un ciudadano con una hipoteca impagada que a un político catalán que consiente la financiación ilegal de su partido.

Hemos de extirpar la lacra dentro de los partidos políticos y sindicatos de nuestro país con precisión de cirujano, pero con firmeza e intolerancia ante determinados comportamientos. Siempre desde luego respetando a las personas, porque tan mal está cubrir la espalda de un político corrupto como apalear a otro por sospechas o una imputación sin respetar ningún tipo de garantía procesal o presunción de inocencia. Que luego las disculpas, si llegan, sirven de poco. 

Todo ello pasa por la renovación de todos los partidos políticos, que desde sus perspectivas ideológicas han de mostrar tanto nuevas caras como ideas, porque esa es la verdadera regeneración democrática, y no las que nuevos partidos sin ideología definida dicen defender, cuando su lideresa ya suma 34 primaveras sentada en un “sillón público”.

Las medidas deben ser concretas, serias y útiles a un plazo medio sin que sean tan relevantes éstas o aquellas elecciones. No tenemos tiempo, dinero, ni ganas de aguantar las meras declaraciones de intenciones baratas y populistas que suponen algunas medidas utópicas y poco realistas de determinadas formaciones políticas de cara a obtener una cuota de pantalla o de protagonismo que los electores no les han otorgado. Y esto es trabajo de todos.